Con el fin de garantizar los derechos de todas las mujeres, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó a la Secretaría de Gobernación, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado y Readaptación Social, implemente un Programa Especial de Derechos Humanos para mujeres privadas de su libertad con el fin de respetar, proteger y garantizarles sus derechos.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señaló que las mujeres, aunque representan sólo el 5% de la población carcelaria en el país, sufren de discriminación y violencia de género.
“La mujer es juzgada no sólo en función de la conducta exhibida, sino sumando a ella la condición de género, fenómeno que se hace extensivo a las condiciones de vida en prisión y a las familias de las mujeres cautivas”, mencionó.
Geovanna Bañuelos señaló que de acuerdo con el Diagnóstico sobre la Percepción de la Defensoría Penal en México, realizado por la asociación Reinserta, se reveló que el promedio de sentencia para los hombres es de 17.5 años, mientras que para las mujeres es de 23.5 años.
El propio informe refiere que aun cuando los delitos más frecuentes de ambos grupos son de alto impacto social, las mujeres reciben un castigo más severo por el mismo delito.
Aunado a ello, la distancia en la que se encuentran cumpliendo su pena privativa de la libertad ocasiona que estén lejos de sus lugares de origen y por ende las visitas son pocas y termina por complicar todos los ámbitos de la vida de las reclusas.
“La vulnerabilidad que enfrentan las mujeres dentro de los centros penitenciarios también se ha acrecentado por la pandemia que azota nuestro país, pues los casos así como las condiciones de salubridad no son las más adecuadas dentro de los centros penitenciarios”, destacó.
Además de ello, dijo, se debe considerar las condiciones en las que se encuentran las mujeres en reclusión que tienen a su cargo hijos menores de edad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) señala que de la población penitenciaria en México, el 64.1% tienen descendencia que dependen de ellas o ellos y el 61.5% tiene hijas o hijos menores de edad.
No obstante que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece los lineamientos sobre el correcto tratamiento que deben recibir las mujeres y sus hijas e hijos que habiten con ellas en prisión, no están garantizados sus derechos ni servicios y espacios para el cuidado de las y los niños que viven dentro del centro o cuando las visitan.
“Según con el reporte realizado por Reinserta, sólo en algunas prisiones mexicanas cuenta con dos tipos de servicios especializados para madres y sus hijas e hijos: áreas de maternidad y espacios para la educación temprana de las y los niños”, advirtió.
Por ello, la líder petista también solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado y Readaptación Social y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a sus homólogas en los estados, implementar un Programa Integral para que se garantice el principio superior de la niñez y en consecuencia, el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con o tienen madres privadas de su libertad.
Además, la senadora Geovanna Bañuelos pidió un informe detallado y pormenorizado sobre la situación en la que se encuentran las mujeres privadas de su libertad y en su caso, de sus hijas e hijos que viven con ellas.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos comprometidos con la justicia y el bienestar de todas y cada una de las familias de México. No podemos permitir ni normalizar las malas condiciones en las que se encuentran las madres que por alguna razón han sido recluidas en un centro de readaptación social”, concluyó.
