El ministerio público considera que Shakira tenía la obligación de pagar impuestos a la Hacienda española, dado que permaneció en el país más de 183 días
La Agencia Tributaria de España remitió un nuevo informe al juzgado en el que ratifica que la cantante Shakira defraudó 14.5 millones de euros por impuestos a Hacienda entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en el país y ocultando sus ingresos mediante un entramado de sociedades.
Según informaron a Efe fuentes jurídicas este miércoles, en su informe adicional sobre el caso, los técnicos de Hacienda española contradicen los argumentos de la defensa de la cantante colombiana, que esgrime su agenda de conciertos y televisiva para tratar de demostrar que permaneció menos de 184 días en España y, por lo tanto, no tenía obligación de tributar en este país.
Y es que pese a que la colombiana alegó que no pasaba el tiempo suficiente en España como para declarar impuestos, por su condición «nomada», la inspectora Susana C. pudo demostrar con evidencia que la cantante pasaba más de 183 días al año en este país, lo que la obliga a pagar impuestos.
Por ello la cantante fue declarada culpable y aunque ya pagó la suma que debía al estado Español, la colombiana no ha perdido la batalla, pues de acuerdo con varios medios españoles, el juez ha citado tanto a la defensa de al cantante como a los peritos de Hacienda el 8 de julio para cotejar fechas y contrastar los documentos que aporta la cantante.
Será hasta entonces que Shakira podrá demostrar su inocencia, a portando como pruebas su agenda, sus estancias en hoteles y sus billetes de avión, con los que pretende demostrar sus estancias fuera de España
En enero del año pasado, dos actuarios de la Agencia Tributaria ya declararon ante la juez instructora y se reafirmaron en el informe que en su día enviaron a la Fiscalía para comunicar que la artista habría estado evadiendo el pago del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ) entre los años 2012 y 2014.
A raíz del informe de Hacienda, la Fiscalía española presentó en diciembre de 2018 una querella contra la cantante y su asesor fiscal en Estados Unidos, a los que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por urdir un “plan” para no pagar ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que Shakira percibía.
Concretamente, el ministerio público sostiene que la cantante “canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional” -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense “The Voice” o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
El ministerio público considera que Shakira tenía la obligación de pagar sus impuestos a la Hacienda española, dado que permaneció en el país más de 183 días, tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal tanto en España como en Estados Unidos.
Shakira ya devolvió a la Agencia Tributaria los 14.5 millones que esta le reclamaba, más las correspondientes deudas e intereses, pero insiste -y así lo mantuvo ante la juez instructora cuando la citó como investigada- que en las fechas analizadas no tenía obligación de tributar en España.
La cantante sostiene además que fijó su residencia en Esplugues de Llobregat (Barcelona) en 2015, cuando dio a luz a su segundo hijo, y que hasta entonces únicamente realizaba visitas puntuales debido a su relación sentimental con su actual pareja, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué.
Shakira alegó ante la juez que sus ausencias no eran esporádicas sino que realmente residía en el extranjero, ya que mantenía una agenda de conciertos internacional y participaba en el programa televisivo “The Voice” en Estados Unidos.
Con información de EFE
