Por Geovanna Bañuelos
La desaparición forzada de personas es una herida abierta a través del tiempo. Es incertidumbre y dolor para los familiares. Es miedo colectivo. Un crimen de lesa humanidad que lamentablemente instrumentó el Estado en 2014, con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Estudiantes que exigían mejores condiciones académicas y de infraestructura en las escuelas normales del país y que con motivo de la marcha para exigir justicia de la matanza de Tlatelolco de 1968, que acontecería en la Ciudad de México, habían tomado el control de los autobuses para trasladarse a la ciudad de Iguala en Guerrero. Su destino fue otro. Cruento. Sanguinario. Inhumano. Estudiantes en pie de lucha, que pretendían generar cambios en sus localidades rurales, fueron víctimas de desaparición. Otro hecho histórico qué lamentar, pero también para exigir justicia y verdad. Ni perdón ni olvido.
La desaparición de los 43 normalistas en Iguala mostró la descomposición del régimen político mexicano. Las investigaciones iniciaron y con ellas, una serie de irregularidades. La versión oficial que el Gobierno mexicano, presidido entonces por Enrique Peña Nieto, establecía que miembros de la policía aliados con el cártel Guerreros Unidos entregaron los estudiantes a los narcos. Y que ellos los incineraron en el basurero de Cocula para después tirar los restos al río San Juan. A este relato se le llamó la “verdad histórica”, y con los años ha sido refutado por los grupos de expertos independientes y las familias.
Ante esta “verdad histórica”, desde el principio la consigna era clara: fue un crimen de Estado. La exigencia de justicia por parte de los representantes de las familias de los 43 estudiantes no ha cesado en ningún momento. Esclarecimiento de los hechos, porque a ocho años de tan lamentable suceso, se siguen buscando la verdad.
Este gobierno tiene el compromiso histórico e inquebrantable de llegar a la verdad, de brindar justicia a un pueblo cansado de tanta corrupción e impunidad. Al unísono exigimos justicia, reparación del daño, protección a víctimas y garantía de no repetición. No podemos permitir más violencia. Ya no más casos que laceran a nuestro pueblo.
Las instituciones del Estado mexicano deben redoblar los esfuerzos para brindar justicia a los familiares de los 43 normalistas. La lucha de las madres y padres no cesará, y es nuestro deber acompañarlos. Todas y todos somos Ayotzinapa.
Como Hannah Arendt pensaba, la persuasión y la violencia pueden destruir la verdad, pero no pueden reemplazarla. La verdad saldrá a la luz.
