Por Geovanna Bañuelos
El 27 de marzo de 2023 quedará marcado en nuestras memorias. La noche de ese día en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, un incendio acabó con la vida de al menos 39 migrantes y dejó heridos a otros 28, en su mayoría centroamericanos. Las personas que migran no lo hacen por gusto, dejan detrás a familiares, seres cercanos, sus pertenencias, sueños y anhelos; todo por prosperar lejos de su tierra de origen.
Nuestra Constitución establece el derecho de toda persona migrante a recibir y solicitar refugio en nuestro país. Sin embargo, aún prevalecen prácticas que los discriminan y estigmatizan. La política migratoria tiene que guiarse por los principios elementales de respeto, fraternidad y protección de los derechos humanos. No podemos ser ajenos ante el dolor que provocó el incendio de Ciudad Juárez. Tenemos una deuda pendiente con todo ser humano que cruza nuestro territorio, quienes son víctimas de la violencia y padecen de manera cotidiana miedo, angustia, incertidumbre y desesperación.
Migrar es un fenómeno intrínseco al ser humano. La humanidad y la civilización surgen de la migración. Por esta razón, presenté una iniciativa en 2020, con la finalidad de que las personas migrantes no puedan ser expulsados a otro país en donde su vida, integridad, seguridad, libertad o derechos civiles y políticos se encuentren en peligro. Además, propuse que se prohibieran las limitaciones de los derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo, que se les reconozca el derecho a contar con mecanismos de acceso a la justicia y que esta sea de manera pronta y expedita. No debemos ignorar a los menores migrantes, quienes son doblemente vulnerados, por lo que propuse que se prohíba la detención de las niñas, niños y adolescentes con una situación migratoria irregular.
México, derivado de su posición geográfica, se ha convertido en origen, tránsito y destino de personas migrantes y en años recientes, este fenómeno ha incrementado exponencialmente. En 2022, nuestro país y Estados Unidos deportaron a más de 196 mil migrantes centroamericanos. Y en este mismo año, fueron detenidos más de 444 mil migrantes que transitaban por nuestro territorio, la cifra es 44% mayor al año anterior. La tragedia de Ciudad Juárez se pudo evitar. El caso no debe quedar impune, es prioritario esclarecer la verdad de lo sucedido y llegar hasta las últimas consecuencias. El Estado mexicano tiene el deber jurídico y moral de apoyar, proteger y respetar la vida de las personas migrantes. Migrar es un derecho humano, no debe ser una condena.
