Por Geovanna Bañuelos
Al tomar posesión como ministra, Lenia Batres Guadarrama evidenció en su discurso los excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunada a la necesidad de mejores instrumentos para la garantía de los derechos penales y tribunales independientes e imparciales a los cuales puedan acudir las víctimas.
La Corte tiene como obligación vigilar y preservar el orden constitucional, sin embargo, se ha extralimitado al tomar decisiones con una visión política y partidista, sin pensar en el bienestar del pueblo, dejando a un lado el garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos e invadiendo atribuciones del Poder Legislativo, declarando inconstitucionales algunas de las leyes aprobadas por este poder, ejemplo de ello se encuentra el llamado Plan B, el cual buscaba reducir hasta más de 3 mil 500 millones de pesos en gastos del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional cuyo objetivo era fortalecer a dicha institución mediante un mejor entrenamiento y disciplina para continuar realizando trabajos de seguridad pública en la búsqueda de la pacificación del país.
También, está en riesgo la invalidez de reformas que buscan eliminar los privilegios de las empresas mineras en detrimento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o el no otorgamiento de concesiones donde hay escasez de agua o zonas protegidas. En este tenor, la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado donde más de 50 mil trabajadores podrían perder su hogar ante los altos costos de los créditos hipotecarios. Ante estos abusos, como senadora, exhorté a la SCJN para que no invalide dichas reformas.
Otro punto fundamental mencionado por la ministra Batres es el de los privilegios de los cuales goza la Corte, entre ellos, se encuentran los millones de pesos derrochados para satisfacer y complacer todos sus caprichos y ambiciones, los cuales se han dado mediante la opacidad y discrecionalidad. Sumado a ello, los salarios extralimitados de los cuales gozan. Actualmente, en la Constitución está establecido que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, sin embargo, la SCJN no ha querido acatar dicho artículo, pues los ministros disfrutan de salarios de los cuales millones de mexicanos están extremadamente lejos de percibir. Sus excesos y privilegios indebidos ofenden al común de las personas.
Es necesaria una reforma al Poder Judicial y más ministros con una visión apartidista. En palabras de la ministra Lenia Batres, “no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte”. La razón le asiste.
