Por Geovanna Bañuelos
En días recientes, en el Senado de la República se aprobaron modificaciones a la Ley de Amparo ante la realidad que vive México: el poder absoluto de los jueces. El Poder Judicial Federal se olvidó de la más alta enmienda de impartir justicia a favor del pueblo. Ellos, solo se entregan a la defensa de intereses particulares, propios y a veces ajenos, siempre alejados de servir a México.
Dichas modificaciones eliminan la discrecionalidad que tienen los jueces de amparo de otorgar la suspensión con efectos generales. Es decir, el poder que tienen sin límites para actuar en contra de actos que benefician a las y los mexicanos. Con ello se fortalece la certeza, la legalidad jurídica y hacer realidad la correcta interpretación de la Constitución. Y es que el juicio de amparo no debe ser utilizado como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro, en este caso el Legislativo, mismo que a su vez representa los legítimos intereses del pueblo.
Desde el Congreso de la Unión aprobamos leyes en beneficio de las y los mexicanos, como lo fue en su momento, el derecho a las pensiones universales, la reforma a la ley minera para proteger a las comunidades y pueblos originarios, entre otras; reformas que buscaron ser invalidadas y frenadas por la oposición y sobre todo por el Poder Judicial, lo que vulnera el principio democrático por el cual fuimos designados.
Actualmente, la revisión de la constitucionalidad de las leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no concreta una violación real y directa de derechos fundamentales, ni considera el impacto en el interés público y el orden social, sino intereses personales. De tal forma que la función legislativa pierde su razón de ser cuando el juez de amparo invalida las normas, lo cual, en lugar de consolidar el Estado de derecho, abona en la incertidumbre jurídica y en el desarrollo de la vida pública, social y privada del país. La suspensión de una ley puede representar una intrusión indebida en las competencias del Congreso y un atentado al principio de división de poderes.
Se requiere de la confianza de la sociedad en sus jueces, para sentir que se cumple con la justicia. En México la gente no cree en el Poder Judicial, de hecho, solo dos de cada 10 personas confían en este poder, así lo reconoce el que fuera presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. No permitamos que solo estén al servicio de las élites. No más discrecionalidad de los jueces. Es hora de acabar con la interpretación a modo en contra de la voluntad y soberanía del pueblo de México. Se debe fortalecer y acercar el derecho y la justicia a la ciudadanía.
