Por Arturo Nahle
El tema del momento es, sin duda, el video filtrado por Emilio Lozoya donde se observa la entrega de dinero de Pemex supuestamente a legisladores del PAN para que aprobaran la reforma energética; y posteriormente el video publicado por Carlos Loret de Mola donde se observa al hermano del mismísimo Presidente de la República recibiendo dinero probablemente del Gobierno de Chiapas para la campaña presidencial de Morena en el 2018.
Ambos videos son igual de deleznables, uno porque evidencia la compra de votos a legisladores de oposición y el otro porque evidencia el uso de recursos prohibidos en una campaña.
El primero de los videos puede ser materia de un juicio contra Lozoya por Peculado, pero también de un juicio contra los panistas (algunos de ellos Gobernadores) por el delito de Cohecho que actualmente se castiga hasta con 14 años de prisión. El segundo de los videos puede ser materia de un juicio por Delito Electoral que se castiga hasta con 9 años de prisión en contra del ex Gobernador de Chiapas (ahora Senador), pero también en contra de los dirigentes de Morena.
Sin embargo ambos videos pueden ser considerados como prueba ilícita por haberse obtenido violando derechos fundamentales, de tal suerte que si no hay otras pruebas (testigos, documentos, etcétera) no pasará –para variar- absolutamente nada. Pero la exhibida al gobierno priista, al Partido Verde, a los legisladores panistas y a la impoluta izquierda, no se las quita ni Dios Padre.
El caso Lozoya ya lo abordamos la semana pasada, así que centraré mi comentario en el denominado “Caso Pío”. Este video demuestra una vez más que la inequidad con que van los Partidos a las elecciones los obliga a financiarse de manera ilegal.
El artículo 41 de la Constitución establece que en las actividades y campañas de los Partidos deben prevalecer los recursos públicos sobre los recursos de origen privado, sin embargo el financiamiento público no es parejo, unos partidos van a las elecciones con todo el dinero del mundo y otros van solo con las prerrogativas que por ley les corresponde.
Esto nadie me lo contó, yo ya fui candidato oficial hace 17 años y también fui candidato de oposición hace 11 años y vi la tremenda diferencia e inequidad. En la primera campaña –que obviamente se ganó- todo jugó a favor; en la segunda campaña –que obviamente se perdió- todo jugó en contra. La diferencia entre una y otra fue, sin duda, el dinero del que disponen los partidos.
Precisamente por eso es muy común que los candidatos pobres le acepten dinero para sus campañas a los amigos, a los parientes y no se diga a los constructores y proveedores que luego cobran sus aportaciones con jugosos contratos. Nadie respeta los topes máximos y pareciera que nadie le tema a las sanciones que la ley establece por el incumplimiento de dichos límites.
Y eso que afortunadamente los spots en radio y televisión ya no se pagan porque antes ahí se iban millones y millones.
Yo creo que el “Caso Pío” debe reabrir el debate sobre el financiamiento a los partidos en México, si se reduce el público (como lo pretende Morena) no les va a quedar de otra que seguir agarrando dinero a escondidas con el riesgo de que los filmen.
En Estados Unidos y otros países los partidos se financian con aportaciones de sus afiliados y de empresas privadas, aquí no porque se piensa que las grandes empresas y hasta el narco se apoderarían de los gobiernos. Pues ese debe ser el debate, no el hipócrita escarnio a los adversarios políticos!
