El Tribunal Supremo rechazó el viernes una demanda impulsada por el fiscal general de Texas para anular los resultados electorales de cuatro Estados clave en la derrota del presidente estadounidense, Donald Trump, —Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin— y dejó prácticamente muerta la cruzada legal puesta en marcha por este para revertir los comicios agitando el fantasma de un fraude. La resolución se suma a la del pasado martes, que también rechazó un intento republicano en Pensilvania en la misma dirección, y deja claro que la más alta autoridad judicial del país, de mayoría conservadora, no participará en la insólita campaña del mandatario para intentar permanecer en la Casa Blanca.
La ofensiva del presidente deja secuelas en el sistema. Numerosos altos cargos y miembros del Partido Republicano sí han sido compañeros de viaje en más de medio centenar de iniciativas judiciales, todas y cada una de ellas fracasadas. Y más de la mitad de sus votantes, según varios sondeos, creen que Joe Biden ha ganado de forma ilegítima, pese a no haberse hallado prueba alguna de ello. Esta última demanda de Texas ha resultado una de las más desconcertantes, impulsada por el fiscal general, Ken Paxton, directamente ante el Supremo con el fin de anular el escrutinio de otros cuatro territorios ajenos.”Texas no ha demostrado un interés judicialmente de su jurisdicción en el modo en que otro Estado ha conducido sus elecciones”, señala el alto tribunal en su breve escrito.
Además del apoyo del propio presidente, el intento de Texas contaba con el respaldo de un centenar de republicanos en el Congreso y más de una docena de fiscales de Estados del mismo color político. Paxton alegaba ante el alto tribunal que el demócrata Joe Biden había ganado gracias a “papeletas ilegales” en dichos territorios, un fraude propiciado, afirmaba, por una flexibilización de las normas de voto anticipado y por correo (que un gran número de Estados ha impulsado por la pandemia). En esta línea, pedía que fueran las cámaras legislativas de esos Estados las que otorgasen el voto final.
Dos de los nueve jueces del Supremo, Samuel A. Alito y Clarence Thomas, opinaron que el tribunal no tiene autoridad para simplemente rechazar la demanda presentada por un Estado, una posición que han defendido en el pasado con relación a otros casos, pero también advirtieron de que no hubiesen satisfecho los deseos del fiscal de Texas, que consistía dejar sin efecto el escrutinio en esos cuatro Estados. Así, ningún miembro de la más alta autoridad judicial del país, con una mayoría conservadora de 6 a 3, y tres de ellos, además, nominados por Donald Trump, ha apoyado la tesis del presidente.
