Con el fin de garantizar la neutralidad del árbitro durante los procesos electorales, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre propuso incorporar a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el “Código de Ética” para guiar las acciones de las y los consejeros electorales mediante el establecimiento de normas que deberán seguir todos los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral.
“La actuación mediática, indebida y abiertamente sesgada de dos consejeros electorales ha buscado influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, violando flagrantemente los pilares esenciales de la democracia”, señala la legisladora.
Mediante una iniciativa, presentada a la Comisión Permanente, que busca adicionar un artículo 38 bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo enfatizó que la actuación de los servidores públicos electorales no debe tener algún tipo de preferencia por cualquiera de las partes involucradas.
Es decir, no debe expresarse incluso en términos vagos o “académicos” en consonancia o disonancia con algún tipo de interés político o de otro tipo que pueda influir su actuación como autoridad electoral.
“La neutralidad del árbitro debe ceñirse a la labor de organizar las elecciones sin tomar partido, velando por el interés público y por los valores fundamentales de la democracia, supeditado a cualquier interés personal o preferencia política”, subraya.
En este sentido, Geovanna Bañuelos expresa su preocupación por los posicionamientos, opiniones e invitaciones que realizan constantemente desde diversas plataformas las y los consejeros electorales a favor o en contra de las posiciones políticas que existen en nuestro país.
“Por ello, hacemos un atento llamado a la cordialidad, imparcialidad y legalidad en el accionar de estos servidores públicos, ya que en su actuación se fundamenta en gran medida la veracidad y legitimidad de los resultados del proceso electoral”, apunta.
Y asegura que es necesario evitar que la función electoral se identifique con alguna preferencia política o electoral; garantizando en todo momento un trato libre de inequidad para todos los participantes en la contienda. Guiando su actuación siempre y en todo momento en la interpretación de las leyes relacionadas con el proceso electoral bajo el principio de imparcialidad.
Por ello, explicó que su propuesta pretende introducir formalmente en la legislación al “Código de Ética” el cual deberá preservar en todo momento las condiciones de equidad y estar basado en los principios de: certeza, profesionalismo, imparcialidad, legalidad, máxima publicidad y austeridad.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.
