Además, la senadora por Zacatecas, propone facultar a la Comisión Nacional del Agua elaborar en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Secretaría de Seguridad Pública un programa en materia de sanciones por sustracción ilegal de agua.
“Sabemos que la escasez del agua está ligada a diferentes circunstancias; el calentamiento global, la sobrepoblación, la poca regulación que existe para el uso de las grandes empresas, el desperdicio de agua, entre muchos otros. Sin embargo, está en nuestras manos no permitir que se sume la problemática del huachicol”, aseveró Geovanna Bañuelos.
La líder parlamentaria resaltó que de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, entre 2012 y 2018 contabilizaron 2 mil 280 tomas clandestinas, las cuales tiene un impacto negativo en la economía de las familias dado que el costo del llenado de tinacos de mil litros rondaba los 150 pesos en el año 2022.
“Desafortunadamente no existen datos precisos para conocer el costo que realmente representa el huachicoleo de agua para el país. Lo que es verdad, es que el negocio ilícito es cada vez más rentable a medida que las sequías y los problemas de la infraestructura crecen”, argumentó Geovanna Bañuelos.
Por ello, dijo, es de suma importancia erradicar esta práctica en la que las algunas personas que buscan un beneficio personal por sobre el colectivo perforan tuberías o aprovechan las fugas ya existentes con el objetivo de conseguir el líquido para después venderlo.
“Atender esta necesidad es prioritario, no podemos permitir que siga existiendo la sustracción ilegal del agua sin castigo alguno. El acceso al agua es un derecho humano”, apuntó.
Finalmente, Geovanna Bañuelos enfatizó que el agua no puede ser una problemática que determine las economías de los hogares de este país. “México necesita que se marque un precedente respecto al huachicoleo del agua. No se puede lucrar con el bienestar de las familias. El agua, como la vida, no es cuantificable en pesos”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y posterior dictamen.
