Por Geovanna Bañuelos
Hace unas semanas en la comunidad de Casa Blanca del municipio de Guadalupe, Zacatecas, asesinaron a una mujer de 21 años y dos 2 niños de 4 y 1 año. Fueron degollados. En Oaxaca, dos hermanos fueron encontrados muertos en una carretera, una niña y un niño de 7 y 9 años, respectivamente. En ambos casos, presuntamente fue el padre.
En nuestro país residen más de 39 millones de menores de edad. Por sus propias características, son considerados un grupo en situación de vulnerabilidad. Los homicidios perpetrados en contra de las infancias y las adolescencias es un serio problema que se ha minimizado e incluso ignorado.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, somos el segundo país en el mundo donde se cometen el mayor número de los agravios en contra de este sector. El Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, en 2022, registró mil 427 homicidios de niñas, niños y adolescentes, lo que representa un aumento de 2.4% con respecto al año anterior. Esto significa que diariamente se están asesinando a 4 menores en nuestro país.
Los infantes son seres humanos, titulares de sus propios derechos y debemos reconocerles su dignidad humana, asimismo, siempre, velar por su bienestar, crecimiento y futuro. Por lo que es importante protegerlos, así como otorgarles las herramientas necesarias para su óptimo desarrollo lejos de ambientes hostiles o dañinos que los pongan en riesgo de sufrir un grave daño a su integridad. Por lo que el Estado es el responsable de dotarlos de mecanismos para que se les respeten sus derechos humanos.
Por lo anterior, presenté una iniciativa ante el Senado de la República en la que propongo establecer la definición del delito de homicidio a niños, niñas y adolescentes en el Código Penal Federal, además, establecer agravantes como la tortura, mutilación, violación o necrofilia; asimismo, si el cuerpo es expuesto en un lugar público; cuando la víctima haya sido explotada de cualquier forma y cuando haya existido alguna relación sentimental, docente o de confianza.
Los homicidios son una forma particularmente grave de violencia criminal. Los niños y adolescentes que son asesinados no sólo pierden la vida, con ellos, los sueños, los anhelos y las esperanzas se difuminan para siempre, por lo que estamos llamados y obligados a atender, prevenir y sancionar a todos aquellos delitos que atenten contra este sector poblacional. Fallarle a los niños tiene un costo inmenso para la sociedad y con ello, un daño irreversible a las futuras generaciones.
