Por Geovanna Bañuelos
En México, a partir del inicio del periodo neoliberal, hace más de 30 años, comenzaron a realizarse una serie de reformas al Estado buscando liberar la economía y abrir al país al comercio internacional. Sin embargo, estas políticas afectaron a la clase trabajadora y a la mayoría de las familias mexicanas. Los beneficios se concentran para los sectores más ricos. Hace tan solo unos días el capítulo México de la Organización no gubernamental Oxfam, cuyo objetivo es acabar con la pobreza y la injusticia en el mundo, publicó un informe denominado “El monopolio de la desigualdad”, el cual presenta un demoledor panorama de la economía nacional.
El informe señala que la riqueza no deja de aumentar, por ejemplo, la fortuna total de los 14 magnates con más de mil millones de dólares de riqueza, incrementó hasta casi duplicarse desde el inicio de la pandemia. Mientras que en las últimas cuatro décadas, se implementó un sistema legal y tributario hecho a modo para incrementar sus fortunas de manera desproporcionada.
Oxfam apunta que esta concentración de la riqueza en el sector privado ha sido el resultado directo de dos factores relacionados; por un lado, las privatizaciones de los años ochenta y noventa del siglo pasado fueron una masiva transferencia directa de riqueza del gobierno a un pequeño grupo de grandes empresarios. Además, la falta de una buena política de competencia, que ha permitido a las empresas cobrar altas sumas por servicios que antes ofrecía el Estado. El informe de Oxfam México señala que la alta concentración del poder de mercado en las grandes empresas ha sido una de las principales fuentes de poder económico para sus dueños y, a su vez, ha sido componente para incrementar las desigualdades.
Al respecto, Oxfam da algunas claves para la equidad social: impulsar políticas salariales, laborales y de seguridad social que beneficien a todas las personas trabajadoras; políticas fiscales progresivas donde pague más quien más gana; regular de manera más activa los mercados para evitar la concentración del poder de mercado en unos cuantos; promover una economía que cuide la vida, donde los cuidados no sólo se reconozcan y se remuneren de manera justa, sino que se redistribuyan dentro de los hogares y con el Estado, el sector privado y las comunidades; diseñar reglas diferenciadas que favorezcan a las personas trabajadoras independientes y a las MIPyMES, generadoras de la mayor parte de los empleos en México; replantear las políticas ambientales y de acción frente a la crisis climática, para que pague más quien más contamina. Solo así, podremos hablar de un México justo y trazar la senda del bienestar para todas y todos.
