Por Geovanna Bañuelos
Nuestro país, se ha caracterizado por ser un pueblo solidario, con un alma de lucha incansable. Sin embargo, en muchos hogares mexicanos, la realidad es otra: padres que abandonan a sus hijos, negándoles la pensión alimenticia y con ello, el derecho a una vida digna. El 67.5% de las madres solteras en México no reciben pensión alimenticia, y 3 de cada 4 hijos de padres separados tampoco la reciben, de acuerdo a datos del Inegi. Estas cifras son alarmantes ocasionando una violación sistemática y generalizada a los derechos fundamentales de la niñez.
La pensión alimentaria va más allá del derecho a los alimentos, tiene por objetivo que las niñas, niños y adolescentes reciban los elementos materiales para estar en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas, ejercer en plenitud sus derechos humanos y, sobre todo, promover su desarrollo integral. Por ello, fue necesario establecer mecanismos en la ley para garantizar que las personas deudoras alimentarias no incumplan con sus obligaciones como padres o madres.
Todo niño, niña y adolescente, merecen que se garanticen sus derechos humanos a la educación, a la vivienda digna, a la alimentación, a la salud, al desarrollo y, sobre todo, se proteja el interés superior de las infancias. El bienestar de las infancias mexicanas, son prioridad para el Estado mexicano. Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma integral para proteger, garantizar y agilizar el derecho a los alimentos. Entre las medidas propuestas, se encuentra la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que busca concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias para proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Este registro establece medidas como la expedición del certificado de no deudor alimenticio, que será requisito para trámites como licencias y permisos para conducir, pasaporte, participación en elecciones populares, aspiración a cargos judiciales, trámites notariales y solicitudes de matrimonio. Además, se instrumentaron medidas de restricción migratoria para aquellos deudores morosos que intenten evadir sus responsabilidades.
No podemos seguir premiando a quienes abandonan sus responsabilidades. No podemos ser ajenos a la realidad que se vive en los hogares. No debemos permitir que ninguna niña, niño o adolescente se quede sin el sustento que merece y, en consecuencia, se afecte su desarrollo. Juntos, defendamos los derechos de la niñez. La niñez de nuestro país requiere de la acción decidida para proteger sus derechos. Por un Zacatecas y un México justo y solidario.
