Por Geovanna Bañuelos
En un penoso atrevimiento por legitimarse ante el fraude electoral de 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró el inicio de la “guerra contra las drogas”. Sin ninguna estrategia de por medio y violentando abiertamente la Constitución, la decisión política fue tomada no desde la razón, sino desde la rabia, el enojo.
Los mexicanos comenzaron a vivir con temor, la gradual descomposición social y perdieron su confianza con la extinta Policía Federal, diversos policías estatales y municipales ante la colusión del crimen organizado. Además, gobernadores y presidentes municipales, abdicaron en su obligación constitucional de contar con policías profesionales, honestas y con capacidad técnica y operativa para hacer frente al recurrente escenario de violencia. Tan es así que cientos de municipios no cuentan con un solo elemento de la policía municipal, como ocurre en Monte Escobedo, Zacatecas, donde se vieron forzados a renunciar ante las amenazas recibidas.
Los representantes populares, tienen la obligación de atender a la ciudadanía para crear instituciones sólidas e incorruptibles que prevengan el delito; salvaguarden la vida, integridad física y patrimonio de las personas y, sobre todo, respeten y protejan los derechos humanos.
En este contexto, para reconstruir la paz en nuestro país, se creó la Guardia Nacional, mediante una reforma constitucional que pasó a la historia por ser la primera en ser aprobada por unanimidad por ambas cámaras del Congreso y por las 32 entidades federativas. La realidad nos muestra que la incursión de este cuerpo policiaco, ha permitido reducir los índices delictivos. Y a cuatro años de su entrada en operación, se requiere una reforma a nuestro ordenamiento jurídico para que esta institución se siga fortaleciendo y cuente con mejores herramientas para combatir a las células delincuenciales.
El pasado viernes 9 de septiembre entró en vigor la reforma para fortalecer a la Guardia Nacional, donde el mando operativo y administrativo estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunado a lo anterior, se debatirá en el Senado de la República la reforma constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas coadyuven en tareas de seguridad pública hasta el año 2028.
Ante el intenso debate público, no debemos olvidar que la Guardia Nacional es respaldada por más del 80% de la población, la Marina cuenta con un respaldo de 86.6% y el Ejército de 83.3%. En contraste, las policías estatales y las municipales solamente son respaldadas por uno de cada dos mexicanos.
No caigamos en falacias. El compromiso y la obligación del Estado mexicano es delinear el sendero hacia la paz.
