Por Geovanna Bañuelos
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en donde se establece la prohibición de la creación u operación de los fideicomisos en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente, el monto total de los 14 fondos es de 21 mil 538 millones 748 mil 148 pesos con 91 centavos, disponibles al segundo bimestre de 2023. De aprobarse la reforma en la Cámara de Senadores se terminarán o extinguirán 13 de 14 fondos y fideicomisos por un monto de casi 15 mil 500 millones de pesos.
Un análisis de los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, muestra que la mayoría de ellos no tienen su origen en un mandato de Ley. Solamente el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Fondo para la Administración de los Recursos provenientes de Sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas está contemplado en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Falsas las acusaciones sobre un ataque a la autonomía del Poder Judicial. Los derechos laborales de los trabajadores están garantizados. En 2018, la Auditoría Superior de la Federación sostuvo que los fideicomisos y fondos del Poder Judicial de la Federación no se apegan al principio de austeridad y racionalidad, dada su baja utilización, por lo que detectó acumulación de recursos públicos.
El claro subejercicio de los fideicomisos, que observó la Auditoría, se ha utilizado para financiar gastos superfluos y privilegios indebidos en el Poder Judicial. Se busca acabar con los privilegios, como los fondos para comer en restaurantes de lujo, los seguros de gastos médicos mayores pagados con el dinero del pueblo, las pensiones vitalicias y otros abusos que ofenden al pueblo.
A partir de la llegada de la Cuarta Transformación se han implementado diversas acciones congruentes con una política de austeridad que permita eliminar gastos innecesarios, opacidad en la administración y generar ahorros para asignar eficientemente los recursos públicos a las acciones y programas prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
El dinero público debe destinarse a brindar servicios, construir infraestructura e implementar programas que estén al servicio de las necesidades del pueblo. Con la extinción de los fondos y fideicomisos bajo jurisdicción del Poder Judicial de la Federación, se inhibe la opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad. Por cierto, el debate público debería ser la impartición pronta y expedita de la justicia.
