Por Geovanna Bañuelos
El pasado 13 de abril en la Cámara de Senadores aprobamos, por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Un hito histórico que garantizara que la resolución de controversias en estas materias se lleve a cabo con base en los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, con estricto apego a los derechos humanos, postulados y principios contenidos en la Constitución.
Este nuevo código homóloga procedimientos para la impartición de justicia en ambas materias en todo el país. Para comprender la magnitud de este instrumento normativo, de acuerdo con el Inegi, siete de cada diez asuntos que ingresan en primera instancia a los poderes judiciales de los estados son en materia civil y familiar: el 28% y 39%, respectivamente.
Este nuevo ordenamiento es el fruto del diálogo y la colaboración entre las diversas fuerzas políticas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Y es el resultado de un año de trabajo en el que se realizó una amplia consulta con profesionales, académicos e impartidores de justicia. El código consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, además de un régimen transitorio compuesto por 20 artículos en donde se considera una vacatio legis de cuatro años, es decir, se dará ese lapso desde la publicación de la norma hasta su entrada en vigor.
Como toda obra humana, el código se construyó a partir de proyectos loables que debieron ser enriquecidos para llegar a su aprobación. Un elemento, que en un primer momento no estaba presente, era el procedimiento de adopción. Por ello, impulse la incorporación de esta materia y presenté ante la Comisión de Justicia un anteproyecto para establecer dicho procedimiento con la finalidad de agilizar la adopción y lograr cambiar la vida de miles de niñas, niños y adolescentes que desafortunadamente por cuestiones económicas, culturales, naturales, sociales o de salud quedan en estado de orfandad, colocándolos en situación de grave vulnerabilidad. Derivado de la pandemia, entre 2020 y 2021, 244 mil menores de edad perdieron a sus padres, madres, abuelos o quienes custodiaban de ellos. Y por el incremento de feminicidios, de 2018 a 2021, más de 5 mil niñas y niños quedaron huérfanos. La niñez tiene derecho a vivir en una familia donde tenga un desarrollo pleno y en un ambiente de comprensión y amor. Por tal motivo, agilizar el proceso de adopción, restituye este derecho. La expedición de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos da una herramienta más para incidir positivamente en la protección de las infancias de México.
