Por Geovanna Bañuelos
En el contexto actual persiste un incierto escenario financiero por las reiteradas amenazas de imponer aranceles, el discurso y las políticas xenofóbicas ante las deportaciones de migrantes contrarias a las leyes vigentes de Estados Unidos. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido enfática: prevalecer el diálogo bilateral, particularmente en el tema de migración donde el Gobierno de México plantea atender las causas. La migración debe ser ordenada y segura en el marco del respeto a los derechos humanos. Ser inmigrante no es un delito.
Atender y comprender el fenómeno de la migración es multifactorial y complejo, particularmente el de las infancias. Existen cifras alarmantes. De 2019 a la fecha, 600 mil menores han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México sin un tutor legal. En los últimos meses, cerca de 4 mil infantes han sido separados de sus familias y el gobierno estadounidense ha cancelado litigios de asilo y 30 mil menores migrantes podrían ser deportados. Con un enfoque humanista, debemos actuar por las niñas, los niños y los adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales buscan resguardar el ejercicio pleno del derecho a la educación como un pilar fundamental para el desarrollo integral de la infancia.
Uno de los principales obstáculos que enfrentan los infantes en situación migratoria al momento de buscar ser incluidos en el sistema educativo de nuestro país es la exigencia de documentos para inscribirse en las escuelas. Actas de nacimiento, certificados de estudios previos o identificaciones oficiales. Estos requerimientos se convierten en una forma de negación del derecho a la educación, aunado a que muchos enfrentan discriminación por su origen, lengua, vestimenta o acento, además, son víctimas de burlas, exclusión y acoso escolar. Las escuelas no siempre están preparadas para atender la diversidad cultural y lingüística.
Con un enfoque humanista, he presentado una iniciativa para que las niñas, niños y adolescentes puedan continuar con su formación educativa. La propuesta parlamentaria plantea que las autoridades educativas adopten medidas concretas que faciliten la inscripción y permanencia de estudiantes migrantes, sin exigir documentación migratoria como requisito. Y reconocer expresamente el derecho de las niñas, niños y adolescentes migrantes a la educación en condiciones de igualdad con los nacionales, sin importar su situación migratoria ni la de sus tutores. La educación en México debe ser universal. Ninguna niña, niño o adolescente debe quedar fuera del aula por una condición que no eligió.
