Por Geovanna Bañuelos
Toda ley es perfectible, sin embargo, la “Ley Minera”, en realidad son diversas reformas a la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos, representan un avance significativo para este sector. En los últimos 31 años, la vigente Ley Minera no había sido modificada.
El pasado sábado por la madrugada, en el Senado de la República aprobamos por unanimidad este paquete de reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales establecen una serie de condiciones de especial envergadura como las consultas previas al otorgamiento de un título de concesión a los pueblos indígenas y afromexicanas para obtener el consentimiento de estas comunidades. Además, las empresas mineras deberán otorgar el 5% de la utilidad neta a las comunidades y la Secretaría de Economía será la encargada de fijar las reglas para la asignación de estos recursos.
De igual forma, se establece como prioridad el suministro de agua para consumo humano y doméstico en el otorgamiento de concesión de agua. De tal manera que en el supuesto en el que no haya disponibilidad de agua suficiente para la población se reducirá el volumen del vital líquido o se cancelará la concesión de agua a la empresa minera. Otro cambio importante, consiste en que las compañías deberán reciclar al menos el 60% de agua, con la finalidad de garantizar el derecho humano al vital líquido.
Otro tema a destacar de esta reforma es la duración de las concesiones, en el pasado eran de hasta 50 años, ahora se reducen a 30 años y con una prórroga de 25 años más. Se elimina el carácter preferente de las actividades mineras sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de terrenos. Se elimina la posibilidad de realizar actividades de exploración y explotación minera en áreas naturales protegidas y de minería submarina.
En esta nueva disposición se incluye un plan de trabajo para el cierre ordenado de las minas y realizar la reparación, restauración y remediación de los impactos ambientales ocasionados. De no cumplir, las empresas serán sancionadas. Se incrementan las multas estipuladas en la Ley Minera. Se otorgan nuevas facultades para garantizar la seguridad, la higiene y el cumplimiento de las obligaciones que tienen los concesionarios con los trabajadores. De igual manera, las reformas al sector minero, prevén que la explotación de litio o uranio será reservada al Estado.
Nos encontramos ante un cambio histórico que traerá beneficios sustanciales para las generaciones venideras y para la noble actividad de la minería. La “Ley Minera” recupera la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos a favor de nuestro país.
