Por Geovanna Bañuelos
El Congreso de la Unión aprobó la reforma sobre las pensiones para el retiro de las y los trabajadores, con el objetivo de otorgar el 100% del salario y con ello dignificar su trabajo al finalizar su vida laboral.
Sin embargo, otro sector que ha sido invisibilizado y rezagado es el de las y los trabajadores que sufren de alguna discapacidad. Es decir, las pensiones por invalidez. Dichas pensiones son de suma importancia porque contribuyen al bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad al proporcionarles un ingreso constante. Esto les permite mantener autonomía, así como acceder a los recursos y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.
La realidad es que derivado de su incapacidad, requieren de cuidados, así como otros apoyos para valerse por sí mismos. Lamentablemente, en la Ley del Seguro Social, así como en la de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establecen que la cuantía de la pensión por invalidez será igual al 35% del promedio de lo devengado.
Pongamos un ejemplo, el salario mínimo mensual es de 7 mil 468 pesos, por lo que una persona que tenga la pensión por invalidez sólo recibirá 2 mil 613 pesos al mes. Este porcentaje se encuentra muy por debajo de lo que las personas necesitan para subsistir; es injusto debido a que no se toma en consideración sus necesidades más apremiantes como atención médica, cuidadores y cuidados derivados de la incapacidad. Actividades que pueden ascender hasta más de 20 mil pesos mensuales.
Ante esta compleja realidad, presenté en el Senado, una iniciativa que busca aumentar las pensiones por invalidez para que a las personas trabajadoras se les pueda garantizar una mayor equidad, justicia social y dignidad humana. La propuesta es del 80% del promedio del sueldo básico y no un raquítico 35% como es en la actualidad.
Es de suma importancia que el sustento económico aumente para las personas trabajadoras que sufren de una incapacidad permanente o total, con el objetivo de que los trabajadores puedan cubrir los gastos básicos de vida, como alimentos, vivienda, atención médica y otras necesidades diarias.
Como legisladores es nuestra obligación seguir construyendo un país de derechos para eliminar las brechas de desigualdad, donde cada persona tenga los recursos necesarios y suficientes que le permitan vivir con bienestar.
