Por Geovanna Bañuelos
Nuestra Constitución es muy clara, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y todo poder público dimana del pueblo, para su beneficio. Tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son electos de manera directa por las personas, adquiriendo la legitimidad en su actuación y la responsabilidad de responder por sus actos. Lamentablemente, este no es el caso del Poder Judicial. Al encontrarse aislado se han cometido excesos y el ejercicio de rendición de cuentas es limitado.
Durante los últimos días hemos visto como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado de lado el interés general para responder al interés políticos de quienes buscan frenar la transformación de México. Como dijera el poeta romano Juvenal, en su célebre frase “Quis custodiet ipsos custodes» (¿Quién vigilará a los vigilantes?). No es sano para el Estado democrático, que uno de los Poderes de la Unión se disocie de la voluntad del poder soberano del pueblo.
La reforma judicial impulsada en el año 2021 por el ministro Arturo Zaldívar, abordó temas tan importantes como elevar a rango constitucional y legal el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual y a la violencia de género, entre otros. Lamentablemente, esta reforma se ha quedado corta para salvaguardar la justicia en favor de los intereses del pueblo de México.
Intocados los temas torales relativos a los grandes y obscenos privilegios que hoy en día tienen las élites del Poder Judicial. Se ha dado a conocer públicamente una lista de 40 privilegios de los que gozan los 11 ministros de la Suprema Corte. Altos aguinaldos y primas vacacionales, seguros de gastos médicos y fondos económicos para comer en restaurantes de lujo, son solo una clara muestra de la lejanía de la Corte con el pueblo.
Un hecho indiscutible es la falta de autonomía del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente es la misma persona que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este solo hecho nos debe llamar la atención poderosamente, ya que no deja espacio para la autonomía en la toma de decisiones y puede ser un elemento que ayude a replicar los problemas y vicios existentes en el seno del Poder Judicial.
Necesitamos avanzar en la consolidación de un Poder Judicial austero, que responda verdaderamente a la justicia y que rinda cuentas al poder soberano del pueblo. Urge reformar al Poder Judicial para erradicar los gastos suntuarios, combatir efectivamente la corrupción y que jueces, magistrados y ministros sean electos por los ciudadanos.
