Por Geovanna Bañuelos
En cualquier democracia toda institución es perfectible y ninguna intocable. Desde que el gobierno de la Cuarta Transformación llegó a nuestro país, se hizo el compromiso de eliminar los privilegios y de construir un auténtico sistema democrático. Impulsamos la consulta popular para los expresidentes y por primera vez en la historia de nuestro país se realizó la revocación de mandato, instrumento esencial en la democracia.
En aras de seguir fortaleciendo nuestro sistema electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa constitucional a la Cámara de Diputados, denominada por la oposición como el plan A. Ante la cerrazón de la derecha, que bloqueó la posibilidad de reformar la Constitución, se envió a Cámara de Diputados una propuesta para reformar diversas leyes secundarias para tener un INE más justo, más austero y más cercano al pueblo.
Esta reforma es el fruto del dialogo republicano, que en el Senado de la República, nos llevó a realizar la sesión más larga de su historia, con una duración continua de 22 horas, 32 minutos, posteriormente, fue ratificada en lo general por la Cámara de Diputados y con ello se fortalecen y amplían los derechos político-electorales, como establecer que los Partidos políticos deben referir en sus documentos básicos las acciones afirmativas y mecanismos de paridad de género necesarios que garanticen la igualdad y no discriminación en las candidaturas.
Asimismo, para dirimir las controversias en los procesos electorales se expidió una la nueva ley de medios de impugnación, en la cual se unifican los diversos medios de impugnación y contar con una justicia pronta y expedita. Y se limita la discrecionalidad en la interpretación de la ley y emisión de resoluciones de las autoridades electorales y su capacidad de legislar o imponer sanciones a su arbitrio mediante criterios objetivos que deberán observar en su actuación.
La reforma hace realidad el mandato constitucional que ordena que las percepciones salariales de las personas Consejeras Electorales, los Magistrados Electorales y la totalidad de servidores públicos tanto del INE como del TEPJF, sean inferiores al salario del Presidente de la República. Con la reforma electoral se combate la compra de votos, al otorgar al INE la facultad de ordenar la suspensión de la entrega de bienes o beneficios directos, indirectos, mediatos o inmediatos, en especie o en efectivo, como sucedió con las famosas “tarjetas rosas”.
La democracia expresa la voluntad del pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno, el pueblo es el soberano, manda y decide.
Efectivamente, el INE no se toca. El INE se transformó, se reformó.
