Por Geovanna Bañuelos
Hace unos días una noticia cimbró al estado de Zacatecas. Madres y padres denunciaron que al menos una decena de infantes que asisten al jardín de niños María R. Murillo en Villas de Guadalupe, sufrieron abusos sexuales por parte del intendente.
Todo inició cuando las señales de alerta fueron evidentes. A la madre de un niño le hablaron por parte de la dirección. Su hijo se había hecho sus necesidades y debía acudir a cambiarlo. Ya en casa, el menor de edad le relató a su madre: “Un monstruo grande con zapatos de color rojo me tocó en mis partes cuando fui al baño”.
Al caso de este plantel educativo se suma el de la primaria Raúl González Ferniza, de la comunidad de Sauceda de la Borda en el municipio de Vetagrande, donde madres y padres de familia aseguraron que existe un grupo de maestros y trabajadores involucrados en graves casos de acoso y abuso a estudiantes.
Desafortunadamente, el abuso sexual infantil en centros escolares es un problema a nivel nacional. La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., elaboró el informe “Es un secreto” el cual documenta diversos casos de niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual organizada en escuelas.
La investigación abruma por su crudeza. Destaca como en las denuncias, los infantes refieren que les tomaron fotografías o grabaciones durante el abuso sexual y otros confiesan haber sido llevados a casas en donde hay adultos que no conocen. Además, detalla la omisión de la SEP por no avisar a la policía o la fiscalía. Evidentemente existe encubrimiento.
Como demuestra el documento, el abuso sexual infantil tiene consecuencias devastadoras para las víctimas como trastornos de alimentación, rechazo agudo a la escuela, pesadillas o terror nocturno, miedo a ir al baño, enojo, agresión, tristeza o regresión, entre otros efectos que vulneran la integridad y bienestar de los menores de edad.
El abuso sexual infantil es una de las formas más graves y atroces de violencia. Es tiempo de que las autoridades en todos los órdenes de gobierno, instituciones escolares, padres y madres de familia actúen de manera conjunta para la prevención, detección, atención y erradicación de estos crímenes aberrantes. No permitamos que estos delitos queden impunes. Exijamos a las fiscalías que realicen las indagatorias correspondientes hasta llegar a las últimas consecuencias.
Las escuelas tienen que ser espacios libres de toda violencia, un lugar donde reciba educación y se garanticen sus derechos humanos. Los entornos escolares tienen que ser seguros para las niñas y los niños, no la oscuridad donde acecha un monstruo que fractura sueños, ilusiones y esperanzas.
