El diputado Ernesto González Romo presentó al pleno la última iniciativa correspondiente al Plan Integral Parlamentario de Seguridad, la cual se trata de una reforma a la Constitución Política del Estado que tiene como uno de sus objetivos garantizar el derecho fundamental a la igualdad.
De manera específica la propuesta busca eliminar las pensiones estratosféricas que gozan las ex magistradas y ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia ya que mientras amplios sectores de la población apenas acceden a una pensión de bajo monto y otras muchas están sin acceso a algún esquema de protección para el retiro, los ex magistrados obtienen pensiones vitalicias que oscilan en los 100 mil pesos mensuales.
González Romo argumentó que los esfuerzos realizados por la Cuarta Transformación para eliminar privilegios ilegítimos y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, han enfrentado resistencias y obstáculos por tocar intereses creados durante décadas, pero no se puede cesar en el empeño por lograr que los tres poderes públicos del Estado se comprometan con una política de austeridad, transparencia, rendición de cuentas y eficacia gubernamental.
El diputado morenista reiteró que en Zacatecas se debe profundizar en la lucha por erradicar el derroche y el dispendio del dinero público, por lo que es necesario dar paso a la eliminación del pago desproporcionado que representan las pensiones a ex magistradas y ex magistrados, las cuales representan una gran carga financiera para el erario. “En un estado con muchos rezagos sociales…resulta vergonzoso e inmoral que existan este tipo de pensiones”, sostiene en su propuesta.
Se estima que actualmente las pensiones vitalicias que disfrutan una veintena de ex magistrados ascienden a poco más de millón y medio de pesos al mes. Esas pensiones son infinitamente más altas que las otorgadas por el ISSSTE, el IMSS y el ISSSTEZAC, son “pensiones desproporcionadas, injustas y ofensivas para la mayoría de la población zacatecana”.
El legislador aclaró que de aprobarse esta iniciativa no podría aplicarse a los magistrados en funciones ni a quienes actualmente están recibiendo las pensiones referidas ya que así se encuentra establecido en el marco jurídico. El decreto sería aplicable para las magistradas y magistrados electos con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, por lo cual Ernesto González Romo urgió a sus compañeros legisladores para no dilatar el estudio y dictamen de su iniciativa.
