La sentencia del TRIJEZ, por Violencia Política por Razón de Género contra su servidor, el Presidente Municipal de Zacatecas, Ulises Mejia Haro y siete regidoras y regidores del Ayuntamiento, carece de sustento jurídico
La sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ), por Violencia Política por Razón de Género contra su servidor, el Presidente Municipal de Zacatecas, Ulises Mejia Haro y siete regidoras y regidores del Ayuntamiento, carece de sustento jurídico; es una muestra de cómo las instituciones son subordinadas y capturadas a los intereses políticos de los grupos que pretende seguir ejerciendo el cacicazgo en Zacatecas.
Frente a las acciones políticas en contra de nuestro desempeño, la única defensa es la Constitución y la ley, jamás la barbarie política y el encono han superado la razón y la justicia.
La resolución politizada del TRIJEZ se enmarca en una estrategia político electoral que pretende quitarme el derecho ciudadano constitucional de seguir participando en la vida política y así quebrar el pluralismo que en Zacatecas se viene construyendo, abriendo las posibilidades de participación política efectiva de todas las ciudadanas y ciudadanos que aspiran a participar en la conducción de los destinos de su sociedad.
Hay quienes piensan que la política y el servicio público, son patrimonio personal, y que a la innovación, modernidad en la práctica y ejercicio político, los ven como amenazas que a la brevedad deben minimizarse y sofocarse; esto pasó desde el inicio de la administración municipal, ya que algunas veces desde las sombras y otras de manera directa, se han dedicado a realizar una permanente guerra sucia, así como a denostar y entorpecer cualquier avance y desarrollo de nuestra administración.
Sin embargo, una y otra vez han fracasado, y ahí están los resultados y las estadísticas, pero sobre todo el reconocimiento de la sociedad zacatecana en las colonias y en las comunidades. Esto es lo que en realidad les ha dolido.
El señalar y denunciar las omisiones a la constitución y a la ley por parte de servidores públicos dentro de los órganos institucionales, no debe convertirse en un pretexto para ser considerado como violencia en su contra, es parte de la responsabilidad que asumimos con la propia ciudadanía al aceptar el cargo conferido y protestar su fiel y legal desempeño.
Quienes utilizan políticamente las instituciones para tratar de eliminar adversarios políticos, se equivocan. Con ello sólo demuestran su menosprecio por el avance y el desarrollo del municipio. Lo que les preocupa es cómo emerge una nueva generación de políticos jóvenes, libres, honestos, y capaces, que asumen su compromiso social y político con el pueblo, pero, sobre todo, que están construyendo un nuevo Zacatecas, un Zacatecas más justo, más plural y más democrático para todos.
Les preocupa que se rompa el paraíso de la opacidad en el servicio público, para ellos era cómodo y deseable un alcalde de oficina, con una administración inercial, que sólo posara en las fotos y sonriera en los eventos protocolarios. Rompimos esos sueños oscuros. Nuestra cultura, formación y compromiso con las ciudadanas y ciudadanos nos impulsaron a ir juntos y emprender acciones y políticas públicas que atienden sus necesidades más sentidas, asumiendo en todo momento el servicio público de manera honesta, transparente, eficiente, y sin contratar deuda pública.
Ahora enfrentamos una nueva embestida política, injusta e ilegal. Se me acusa de cometer violencia política de género, cuando en mi ética y práctica política, se demuestra con hechos todo lo contrario, nuestra administración se ha distinguido por ser democrática, progresista e incluyente, en donde hemos defendido los derechos humanos de todas y de todos, teniendo a la sociedad como testigo de ello.
Se nos acusa faltando a la verdad, por supuesta violencia política de género, por limitarle e incluso impedir el ejercicio de funciones de una área de la administración, por haber realizado cambio de adscripción de dos trabajadores; por limitar y controlar el uso de vehículos y los vales de gasolina, y por supuestamente no utilizar un lenguaje incluyente, dando ejemplo en una sola frase, en una sesión de cabildo.
Me están adjudicando violencia política de género por trabajar de lunes a domingo sin descanso; por levantarme temprano y acostarme hasta muy tarde atendiendo las necesidades más sentidas en las colonias, comunidades y en el centro histórico; por haber logrado gestiones internacionales por más de 40 millones de pesos en apoyos en beneficio de las y los capitalinos.
Me están adjudicando violencia política de género por poner en riesgo mi salud y mi vida y la de mi familia al combatir intensamente en territorio a esta cruel pandemia originada por el COVID-19.
Me están adjudicando violencia política de género por ser honesto, trabajador, y por transparentar los recursos públicos y hacer un uso eficiente de los mismos. Honestamente No comprendo porque me adjudican violencia política de género.
Por emprender una campaña llamada “Cubrebocas Morado” y así prevenir la violencia intrafamiliar contra las niñas y mujeres ante este confinamiento; por poner en marcha la Unidad Especializada de Género, Policía Mujer Segura, ó por establecer apoyos sociales como los “Cuartos Rosas”, donde se dota de un cuarto adicional con perspectiva de género para evitar el acoso sexual o la violencia contra las niñas y mujeres en hogares con hacinamiento; por la creación del protocolo de atención al acoso y hostigamiento sexual; las reformas al bando de policía y gobierno para sancionar conductas lascivas en la vía pública.
Me están adjudicando violencia política de género por estar cercano a la gente, con programas como las audiencias públicas de cada martes, o las brigadas voluntarias de limpieza de los domingos, o por salir en la noche de la mano de los vecinos en las marchas exploratorias por la seguridad, donde juntos identificamos los puntos más inseguros en sus colonias y así poder prevenir la violencia; por entregar la cuenta pública, la cual es una obligación constitucional, o por pagar a los proveedores y contratistas que llevan meses queriendo cobrar sus facturas, mismas que tuvieron que re facturarse en varias ocasiones por haberse vencido los tiempos de pagos debido a falta de una firma.
Lo cierto es que me están adjudicando violencia política de género porque una dinastía está acostumbrada a construir destruyendo, porque no he cedido, ni cederé a chantajes, provocaciones y manipulaciones.
Me están adjudicando violencia política de género por combatir la corrupción y sepultar los moches y los diezmos. Por no doblarme a presiones políticas de una familia enquistada en el poder por décadas, que están acostumbrados a que sólo ellos pueden formar parte de la vida política en Zacatecas.
Me están adjudicando violencia política de género por brillar con luz propia y aparecer como uno de los alcaldes mejor evaluados del país, gracias a un gran equipo plural integrado por jóvenes, mujeres y hombres con experiencia, o por contar con la aprobación de la ciudadanía.
Todo esto les representa una verdadera amenaza a sus ambiciones vulgares, porque pongo en riesgo sus intereses personales, porque están acostumbrados a quitar a cualquier personaje político que les haga competencia.
Lo cierto es que me están adjudicando violencia política de género para que en consecuencia no pueda seguir sirviendo a Zacatecas, me quieren eliminar políticamente como es su costumbre.
¡Esa es la verdad!
Como vemos las causales que se arguyen para configurar la violencia política de género, no tienen sustento jurídico alguno, son intrascendentes y frágiles, ya que al contrario de lo que se alega, el presupuesto aprobado para el área en concreto, ha sido creciente año con año en nuestra administración, igual sucede con el número de trabajadores y asesores adscritos a la misma.
Nuestro ejercicio público se ha distinguido por el impulso de los derechos de la igualdad de género y su respeto irrestricto.
Actuamos siempre con responsabilidad y bajo el marco de la legalidad.
Dichas causales que se arguyen van en contra de los principios fundamentales de toda administración pública, como son la austeridad en el gasto no sustantivo, la transparencia, eficacia y eficiencia en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y económicos, que al haber sido omisos en los controles de fiscalización en el uso de vehículos y combustibles, hubiéramos podido actualizar actos de corrupción.
Por todo lo anterior, las regidoras, regidores y su servidor vamos impugnar la sentencia del TRIJEZ por violencia política de género; porque nos asiste la justicia, la legalidad y la razón política.
No permitiremos que nuestras compañeras y compañeros Ediles sean sancionados injustamente por representar dignamente al pueblo de Zacatecas, ejerciendo sus funciones en el marco de la legalidad.
Somos zacatecanos, acostumbrados al trabajo y la adversidad. Seguiremos trabajando más recio en nuestra encomienda popular y compromiso con nuestro pueblo.
Ellos nos dieron su confianza y no los vamos a defraudar; redoblaremos esfuerzos, con más obra pública y mejores servicios; con la atención a las necesidades de la gente; con acciones en el campo, educación, cultura, salud, deporte, seguridad y con respeto irrestricto a los derechos humanos sin discriminación; nuestro objetivo siempre ha sido un Zacatecas, que permita a todo Zacatecas cumplir su proyecto personal de vida.
