En el contexto del Día Internacional de la Silla de Ruedas, conmemorado el 1 de marzo, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas y la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, con el propósito de garantizar una infraestructura vial verdaderamente accesible y funcional para las personas con discapacidad.
Con esta propuesta, la legisladora busca evidenciar y revertir una problemática histórica: la falta de accesibilidad no es una cuestión de infraestructura, sino de derechos humanos. La movilidad de las personas con discapacidad sigue siendo vista como una concesión y no como una obligación del Estado, lo que se traduce en rampas mal diseñadas, ausencia de supervisión en su construcción y mantenimiento, y en general, una omisión sistemática que vulnera el derecho a la autonomía de quienes conforman el colectivo de personas con discapacidad.
La diputada señaló que a pesar de los marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen la accesibilidad como un derecho fundamental, la realidad en Zacatecas refleja lo contrario. Refirió que en muchas calles de la capital y otros municipios, las rampas son únicamente un elemento decorativo que no cumple con criterios técnicos adecuados; “son rampas simuladoras, con pendientes excesivas, materiales resbaladizos, obstrucciones y ubicaciones incorrectas”.
“La accesibilidad no es un lujo ni un favor, es un derecho que el Estado ha ignorado por años. Cada rampa mal diseñada es un recordatorio de la indiferencia institucional y de la falta de compromiso con una sociedad realmente inclusiva”, destacó Renata Ávila.
Las consecuencias de esta omisión van más allá de la movilidad. Muchas personas con discapacidad enfrentan caídas debido a la mala infraestructura, lo que limita aún más su independencia. Sin condiciones de movilidad adecuadas, deben depender de terceros para desplazarse, restringiendo su derecho a la autonomía, advirtió.
Además, mencionó que la inaccesibilidad de las calles y edificios impacta directamente el acceso a la educación, al empleo y a la vida pública, perpetuando la marginación. A esto se suma el impacto en la salud mental, pues la constante lucha por superar obstáculos físicos genera estrés, ansiedad y desmotivación.
Uno de los elementos más importantes de esta iniciativa es la inclusión de la accesibilidad como eje transversal en la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad, asegurando que la movilidad de las personas con discapacidad sea una prioridad en el desarrollo urbano y un derecho universal.
Otros puntos clave de la propuesta destacan la obligación expresa del Estado y los Municipios de garantizar la accesibilidad en la infraestructura vial, la obligación de las autoridades municipales y estatales de rehabilitar las rampas existentes en un plazo no mayor a seis meses, y la definición de criterios técnicos específicos para la construcción y rehabilitación de rampas alineados con normativas nacionales e internacionales, para evitar la proliferación de “rampas simuladoras”.
Esta reforma busca dejar de tratar la accesibilidad como un aspecto secundario dentro de la planeación de infraestructura y garantizar que todas las obras viales y proyectos urbanos cumplan con criterios de accesibilidad universal desde su concepción, advirtió la legisladora.
Las rampas mal hechas no son solo una falla técnica, sino el reflejo de una falta de compromiso con la accesibilidad. Si queremos hablar de igualdad, debemos empezar por aspectos básicos como garantizar que todos podamos movernos con dignidad y autonomía”, concluyó.
Para ello se reforman y adicionan diversos artículos de ambas leyes, la iniciativa fue turnada a la Comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas y Grupos Vulnerables para su análisis y discusión.
